Cientos de personas protestaron este lunes contra la subida de precios y la corrupción en Panamá, protestas que llevaron al presidente del país, Laurentino Cortizo, a anunciar la reducción o el congelamiento del precio de la gasolina y de varios productos de la canasta básica.
“Comprendo la insatisfacción de los diversos sectores por la situación que vivimos causada por los efectos de la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania”, dijo Cortizo en un mensaje al país.
Por ello, el presidente informó que el precio del galón (3.78 litros) de combustible pasará a costar “3.95 (dólares) para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio”, agregó. El galón de gasolina costaba 5.17 dólares a finales de junio.
Esa medida ya beneficiaba al transporte público desde mayo.
Panamá enfrenta su segunda semana de protestas por la subida del precio del combustible, que desde enero a julio había subido un 47 por ciento.
Cortizo informó también que su gobierno elaborará un decreto para congelar el precio de una decena de productos de la canasta básica.
Sin embargo, algunos sindicatos han anunciado que las manifestaciones seguirán hasta que el precio del galón no baje de los 3 dólares y no haya una reducción generalizada de precios.
Protestas en todo el país
En las provincias occidentales de Veraguas y Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, los manifestantes cortaron la vía Interamericana, que conecta el país con el resto de Centroamérica.
En Ciudad de Panamá un grupo de estudiantes se enfrentó a la policía en los alrededores de la Universidad de Panamá, donde un grupo de personas se apoderó momentáneamente de una patrulla policial, destruyéndole los vidrios.
“El presidente (Cortizo) tiene mal al país, hacemos esto por el pueblo porque la vida está muy cara”, dijo a la AFP sin identificarse un joven manifestante, vestido de color oscuro y encapuchado, tras prender fuego en una barricada.
A pocos metros, un panameño que se identificó como Alejandro Álvarez, y que no participaba de las protestas, manifestó a la AFP que “el pueblo lucha por lo suyo“.
Los cortes de carretera han provocado que cientos de personas hayan quedado varadas por horas en la vía Interamericana, una ruta básica para el transporte de alimentos y bienes a lo largo del país.
La inflación “hace que cada vez menos la gente pueda vivir de manera digna”, señaló Saúl Méndez, secretario general del sindicato de la construcción Suntracs, el mayor del país.
Según Méndez, para que la ciudadanía recupere poder adquisitivo se deben bajar y congelar los precios de los medicamentos, alimentos, electricidad y combustible, además de una subida general de salarios.
En los últimos días también se han incrementado las críticas contra sueldos de autoridades y los gastos de los parlamentarios.
Incertidumbre
Para calmar los ánimos, el gobierno panameño estableció este lunes una mesa de diálogo en la ciudad de Santiago de Veraguas, uno de los focos de las protestas, 260 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá. Sin embargo, no hubo acuerdos.
“Los grupos organizados esperan que el gobierno central dé una propuesta para la baja del combustible y la canasta básica”, señaló a periodistas el Ombudsman panameño, Eduardo Leblanc, presente en las negociaciones.
Las manifestaciones ocurren al tiempo que Cortizo enfrenta un cáncer que le obligó a viajar la semana pasada a Estados Unidos, aunque este lunes el mandatario aseguró que su enfermedad es de bajo riesgo.
Al inicio fueron los profesores de la educación pública los que convocaron las protestas, a las que se han unido ahora sindicatos de otros sectores, que también amenazan con paros.
El Consejo Interamericano de Comercio y Producción de Panamá expresó este lunes su “gran preocupación” ante la situación de “inestabilidad que vive el país, en momentos en los que debemos afrontar de manera racional y sin más dilación, la reactivación económica”.
El socio director de la firma de asesoría económica Indesa, Felipe Chapman, manifestó a la AFP que el gobierno “puede acceder” a algunas de las peticiones de los manifestantes.
Pero implicaría un “alto costo fiscal que afecta al grupo político gobernante y a la población que depende de alivios (a través de subsidios) del estado”, advirtió.
