En Ginebra Suiza, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, presentó una denuncia contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por una presunta persecución política en contra de los partidos políticos de oposición.
En un video difundido por redes sociales, “Alito” mostró la visita que realizó a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde entregó una carta dirigida a la ex presidenta de Chile y le solicitó una reunión para hablar sobre los problemas que enfrenta México.
En el texto señaló que el gobierno federal se acerca mucho a lo que se considera un gobierno autoritario porque ataca a autoridades electorales, tribunales, instituciones, a los medios de comunicación y a toda voz que exprese desacuerdo con su desastrosa manera de gobernar.
“Nuestra democracia está en peligro y el régimen actual se acerca mucho a lo que definiríamos como autoritario.
“De la manera más respetuosa, me gustaría pedirle que pudiéramos acordar una reunión y discutir los con mayor profundidad sobre los temas mencionados”, dice el documento.
En su explicación, mencionó que el gobierno federal ha utilizado recursos públicos y a las agencias de seguridad y procuración de justicia, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar espionaje, obtener información personal de manera ilegal.
Alejandro Moreno recordó que a partir de que la coalición electoral “Va por México” rechazó la reforma eléctrica, el gobierno federal inició una violenta campaña en contra de quienes conforman la alianza, acusando de “traidores a la patria” a los diputados que frenaron la iniciativa.
“Enfrentamos acoso constante, discursos de odio y amenazas directas, incluso en contra de nuestras familias”, afirmó.
Por último, no dejó pasar queen los últimos tres meses ha sido víctima de una campaña violenta y difamatoria, impulsada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien utiliza de manera sistemática espacios de comunicación y recursos públicos para exponer porciones de audio alteradas y obtenidas ilegalmente sobre su persona y sus actividades.
