Un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador amagara con notificar a las bolsas de valores en las que cotiza Vulcan Materials sobre el conflicto que tiene con el gobierno de México, la empresa estadounidense aseguró que las medidas del gobierno sientan un precedente de arbitrariedad política e incertidumbre jurídica.
En una carta abierta, la empresa denuncia “señalamientos falsos que ponen en duda la legalidad de sus operaciones y su compromiso con el medio ambiente y con México”.
En su texto recordó que en 2018 inició un arbitraje internacional en el marco del TLCAN para defender los derechos de operación de su empresa filial mexicana SAC TUN (antes Calica), “al considerar que algunas acciones gubernamentales eran arbitrarias e ilegales causando pérdidas muy importantes a la operación de la compañía y a sus inversiones en México”.
“Es un medio legal aceptado y común al que tienen derecho tanto las empresas estadounidenses y canadienses que operan en México como las mexicanas que lo hacen en EUA y Canadá”, se lee en el comunicado.
en diversos momentos de su conferencia matutina, López Obrador ha acusado a la empresa de provocar una “catástrofe ambiental” por la extracción de materiales pétreos en la zona de Punta Venado, en Quintana Roo, y ha propuesto que el gobierno federal compre el terreno donde operan para convertirlo en reserva natural protegida.
Vulcan Material puntualizó que, a petición del gobierno de México, han mantenido conversaciones para “conciliar las prioridades y planteamientos gubernamentales con las de nuestro negocio y con las obligaciones que tenemos frente a nuestros accionistas, empleados y clientes, toda vez que somos una empresa pública que cotiza en el mercado de valores”.
“Durante estas conversaciones hemos mostrado apertura para adaptar la propuesta del gobierno siempre y cuando Vulcan pueda seguir abasteciendo a sus clientes con los productos que constituyen su actividad central desde hace décadas actividad legal y públicamente conocida”, afirmó la empresa.
El documento, firmado por Janet Kavinoky, vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de Vulcan, sostiene que, en materia fiscal la empresa -antes conocida como Calica– es el mayor contribuyente del estado de Quintana Roo.
“Impedir su producción y sus exportaciones resultaría adverso para Quintana Roo y para México además de ser contrario al espíritu y la letra del mismo tratado así como de los objetivos de desarrollo, confianza y prosperidad comunes”, subrayó.
Vulcan sostiene que, desde hace décadas, la empresa adquirió y mantiene legítimamente la propiedad de cuatro predios y sus respectivas reservas de roca, y ha cumplido con la regulación de permisos y autorizaciones exigida por los tres órdenes de gobierno, incluyendo detalladas manifestaciones de impacto ambiental que han sido evaluadas y avaladas por diversas autoridades ambientales y de estudios exhaustivos validados por expertos.
La empresa estadounidense recordó que antes de que el gobierno de México comenzara su “campaña de desprestigio” en contra de SAC-TUN, “la Profepa nos galardonó en seis ocasiones con Certificados de Industria Limpia que reconocen a las empresas por su estricto cumplimiento ambiental”.
