Gilda Susana Lozoya, hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex),Emilio Lozoya Austin, se encuentra de nuevo en la mira de las autoridades luego de que un juez federal librara una nueva orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el caso Agronitrogenados.
Derivado de esto, Gilda Lozoya promovió un amparo contra la orden emitida el pasado 4 de abril por José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte.
Al respecto, la jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, María Catalina de la Rosa Ortega, se declaró incompetente para conocer del asunto, y ordenó turnarlo a su homóloga Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado Octavo de Distrito en la mencionada materia.
En su amparo, la hermana del exdirector de Pemex argumentó que la orden girada en su contra viola los artículos 16, 17, 20 y 21 de la Constitución. En marzo pasado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó el fallo de la juez Ortega Tlapa, quien rechazó amparar a Gilda Susana.
Los magistrados le otorgaron el amparo al considerar que el juez de control que ordenó la captura, resolvió de manera indebida la justificación de la necesidad de cautela que, como requisito previo, se exige para el libramiento de una orden de aprehensión y ordenaron al juez Zúñiga Mendoza fundar y motivar debidamente y determinar si Fiscalía General de la República (FGR) justificó la necesidad de cautela.
Funcionarios judiciales citados por Milenio revelaron que, en acato a la sentencia de amparo, el juez de control valoró nuevamente la petición de la FGR y resolvió que a través de la orden de captura es la única manera que se puede hacer comparecer a la mujer, motivo por el cual ordenó su aprehensión.
Gilda Susana es señalada de que presuntamente de junio a noviembre de 2012, se transfirieron 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a una cuenta de la que ella es beneficiaria, sin que se identificara el origen de la transferencia.
El Ministerio Público aseguró que los 3 millones de dólares, que equivalían en esa época a 34 millones 234 mil pesos, fueron utilizados para la supuesta compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares. El inmueble era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas y Emilio Lozoya lo adquirió.
